El movimiento de oposición a Educación para la Ciudadanía está orquestado e impulsado por la Iglesia Católica, quien no quiere perder poder moral con respecto al Estado.

La implantación española de Educación para la Ciudadanía es, antes que nada, un conflicto de libertades civiles. Es un atropello por parte del Estado que se arroga el derecho y el deber de educar moralmente a los ciudadanos. No es, por tanto, un conflicto ideológico -un conflicto de valores o normas morales-: es el despojamiento, por parte del Estado, del derecho de los padres a educar moralmente a sus hijos de acuerdo con sus convicciones. Es un problema de libertades. De alcances, límites y preminencias.

En este sentido, no es la Iglesia Católica quien se ha opuesto a su implantación ni ha movilizado a sus fieles en su contra. Primero y principalmente, el movimiento objetor a EpC es un movimiento de carácter civil ante una pretensión de recorte de libertades civiles. La Iglesia, junto a otras confesiones religiosas y autoridades morales, ha denunciado este recorte de libertades civiles y se ha posicionado en contra. Pero no tanto por sus contenidos, como un pretendido pulso de idearios, sino como un recorte de las libertades civiles, es decir, personales y familiares.

No se trata, por tanto, de la lucha por un adoctrinamiento partidista: se trata de que el Estado no adoctrine moralmente ni en un sentido ni en otro. En unas célebres declaraciones, el propio cardenal Rouco se  mostró en contra de la EpC “aunque sus contenidos fuearn los propios del Catecismo de la Iglesia Católica”.

En definitiva, los opositores a esta EpC no lo hacemos tanto por sus contenidos -que variarán en función de los gobiernos y las leyes- como por dejar sin efecto el derecho de los padres a educar moralmente a sus hijos. Es una atropello de libertades propio de un Estado totalitarista.

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