La incomprensión de los buenos
Como vengo escribiendo desde el comienzo de este blog (en su segunda entrada, del 3 de mayo de 2008) lo más desconcertante, escandaloso y agotador de la lucha contra la EpC es la complicidad de los centros docentes con la implantación de la asignatura.
Y no son precisamente los centros estatales o de ideario socialista quienes más dificultan el ejercicio del derecho a la objeción. Son aquellos que hemos elegido por sintonía de su ideario con nuestras convicciones. Aquellos cuya razón de ser no es otra que educar a los niños en sintonía con los valores de sus padres, que para eso lo han elegido y para eso colaboran con él y lo sostienen.
Los padres -e hijos- objetores somos un problema para estos centros que anteponen una servil relación con la administración educativa al diálogo, la reflexión y, en muchos casos, el efectivo cumplimiento de los principios que conforman su ideario.
¿Cuántos directores de centros han convocado diligentemente a sus padres, les han informado en profundidad del ataque que supone a sus derechos -de padres y centros- la implantación de la EpC y han sometido a su parecer las actuaciones a realizar? Me consta que escasas y heróicas excepciones. La gran mayoría de los directivos han actuado despóticamente, bajo el principio claro -y muchas veces único- de “no jugarse el concierto”.
Denunciar esta falta de apoyo y muchas veces oposición de los centros que libremente hemos elegido no es fácil y la conveniencia de no hurgar más en las propias heridas aconsejan medir estas denuncias.
Pero no es de justicia silenciarlas. Hay muchos padres e hijos que sufren -y mucho- en sus carnes la situación. Recogemos hoy otro estupendo artículo de José Antonio Méndez (Alfa y Omega, 9/10/2008, p. 26) que desvela algunos de estos casos.
Es nuestro pequeño homenaje a esas familias que sufren “la incomprensión de los buenos”.
Padres que no aceptan un No
Los objetores a Educación para la ciudadanía salen victoriosos de sus batallas con los centros
Los obstáculos con los que se encuentran los padres objetores no provienen sólo del Ministerio. Un buen número de padres se encuentran con la oposición de los directores de los centros a tramitar su objeción e, incluso, a ocuparse de los niños mientras se imparte Educación para la ciudadanía. En Alzira, por ejemplo, una familia llegó a plantear la posibilidad de acudir con un notario al Instituto, si el director no tramitaba la objeción. Resultado: el centro tuvo que ceder. El día a día de los padres objetores a Educación para la ciudadanía puede resultar, en demasiadas ocasiones, una carrera de obstáculos. Sin embargo, estas familias son capaces de llevar a las últimas consecuencias la defensa de sus derechos. Fáxes a los centros que ponen trabas a su derecho a objetar, conversaciones con la dirección del colegio e, incluso, la presencia de un notario que levante acta de las acciones desafiantes de un director contrario a la objeción, son pasos que muchos padres han dado para no conformarse con un No de la Administración. Y con excelentes resultados: en las horas previas al cierre de esta edición, dos familias que estaban sufriendo la oposición de sus centros lograron hacer valer sus derechos.
La unión hace la fuerza
Una de esas familias victoriosas en su objeción es la de Bernardo y Rosa, padres objetores de Alzira, en Valencia, que hace unas semanas tuvieron que sufrir cómo la Secretaría del instituto público donde está matriculada su hija se negaban a tramitar la objeción a EpC. «Cuando fuimos a llevar la objeción –relata don Bernardo–, en la Secretaría nos preguntaron qué clase de papeles eran ésos. Al explicarles lo que era, nos dijeron que no lo podían coger, después nos mandaron a hablar con la profesora, más tar-de dijeron que la documentación no valía y, al final, incluso dijeron que no tenían carpeta donde archivarla. Como se estaban burlando de nosotros en la cara, pedimos hablar con el director, y nos dijeron que para otro día». Lejos de desanimarse, Bernardo se puso al habla con la plataforma Valencia Educa en Libertad, donde les asesoraron, y llegaron a plantear la posibilidad de acudir al centro con un notario que levantase acta de la actitud ilegal de la dirección, pues ésta está obligada a tramitar las objeciones que le lleguen. «Al fin, el martes por la mañana nos cogieron la objeción, porque hubo una reunión con más padres que también han objetado, y al centro no le ha quedado más remedio que aceptar las objeciones y encargarse de los alumnos a la hora de Educación para la ciudadanía. La unión hace la fuerza», comenta Bernardo, con satisfacción. Su caso no es muy distinto del de doña Mariola Sánchez, madre objetora del Puerto de Santamaría, en Cádiz. Aunque, en este caso, el centro no es un instituto público sino un colegio concertado de religiosas carmelitas. «Al principio –cuenta Mariola– me pusieron bastantes pegas para objetar, porque decían que no entendían por qué no quería que mi hijo entrase en clase, dado que iban a dar EpC adaptada al ideario. Yo les dije que era imposible adaptarlo, y que en su libro (de la editorial SM) se hablaba de una sociedad al margen de Dios. Después me decían que no se podían quedar con el niño, cosa a lo que están obligadas, y que tenía que ir yo a recogerlo al colegio y ocuparme de él durante la hora de EpC (algo ilegal, y que daría pie a acusar al alumno de absentista)». Tras ponerlo en manos de los abogados de la plataforma Julio Gómez Pastrana, del Puerto de Santamaría, los problemas comenzaron a solucionarse. «Al final, la directora me recibió el lunes, y me dijo que se iban a encargar del niño, que admiraba mi tenacidad y mi solidaridad hacia las familias que están en centros públicos. Por la ayuda de la plataforma y por la tenacidad se han terminado los problemas con el colegio y la relación con la directora es otra vez buena, como siempre», relata aliviada Mariola.
Fax para directores díscolos
A pesar del éxito de ambas familias, otras aún están pasando apuros en su relación con los centros. Por eso, Profesionales por la Ética ha redactado un modelo de fax, al que ha tenido acceso Alfa y Omega, que ayude a los padres a poner los puntos sobre las íes a los directores obstruccionistas y que, tras un argumentario legal impecable, comunica al equipo directivo «que se abstenga de presionar a mi hijo para que asista a clase de EpC, pues de lo contrario me veré obligado a emprender acciones legales». Y, a juzgar por cómo los objetores defienden sus derechos, no parece una mera amenaza sin fundamento.
José Antonio Méndez, Alfa y Omega, 9/10/2008, p. 26
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Puesto que parece que los centros concertados temen que se les prive del concierto -o es la razón que esgrimen- si no apoyan una asignatura que en mucho es absolutamente contraria a su propio ideario, a estas alturas es de suponer que los centros que sí han informado e incluso alentado la objeción pudieran haber sido “represaliados” ¿es esto así?, porque si no lo es, el argumento no se sostiene, y si lo es, será conveniente que se sepa. Lo mejor es que se vayan publicando datos, y así iremos sabiendo mejor a qué atenernos los padres objetores.
Marta,
hay pocos centros concertados que hayan informado en profundidad sobre EpC. Y menos que la hayan alentado. Salvo excepciones muy meritorias, los centros concertados que han informado del ataque que supone la EpC han minimizado sus riesgos ante los padres aduciendo que en ellos se “adapta” la asignatura a su ideario, por lo que, realmente, los padres no se ven en la necesidad de presentar objeción o, como mucho, realizan una objeción “simbólica” presentando el impreso pero enviando encantados a sus hijos a clase.
Esta estrategia de la “adaptación” permite a los centros evitar tener objetores fuera de clase -salvo excepciones- mientras la administración educativa “hace la vista gorda” respecto a la adaptación porque la finalidad del gobierno es introducir la EpC contando con la menor resistencia posible de los centros educativos. Transmitiendo el mensaje de normalidad y aceptación general.
Con los colegios concertados acogotados y diciendo con la boca pequeña que la EpC es un horror, pero jugando a corto plazo a salvar los muebles mediante una adaptación que no tiene soporte legal ninguno, hoy por hoy, toda la resistencia a la EpC la protagonizan los padres.
P.S. Es de justicia decir que muy pocos centros -como Abat Oliba en Barcelona o Monte Tabor en Madrid- se han manifestado en bloque y con claridad como contrarios a la EpC y están sufriendo las consecuencias por parte de la administración.