Educación para la Ciudadanía en los tribunales
Una vertiente del movimiento objetor que suele pasar desapercibida -y que sus opositores evitan, por todos los medios, mencionar- es la batalla judicial que los padres objetores están planteando en todos aquellos lugares en los que no se les reconoce su derecho a la objeción de conciencia.
Hace un tiempo recogí en uno de los 10 (falsos) Tópicos sobre Educación para la Ciudadanía, que acusaba a los padres objetores de irresponsables con respecto a la situación en la que colocaban a sus hijos, que, precisamente por las graves consecuencias que acarrea, la objeción de conciencia es una de las decisiones más meditadas y ponderadas que puede tomar hoy en día un padre de familia.
En este sentido, cuando un padre, una madre, reciben una negativa ante el reconocimiento de su derecho a la objeción, se les hace más patente, si cabe, que ha llegado el momento de hacerse cargo de las consecuencias de su decisión. Esta resolución negativa de la objeción paterna es un mazazo, un jarro de agua fría capaz de desalentar al más aguerrido demandante. Pero no a muchos miles de padres que, a pesar de costarles sangre, deciden interponer recursos ante los juzgados y proseguir una vía extraordinaria, desconocida, de resultados y costes inciertos. Un procedimiento que, en la mayoría de los casos, será el primer y último recurso jurídico que presenten. Porque lo suyo no es pleitear: lo suyo es trabajar por sacar adelante con esfuerzo una familia, procurarles la mejor educación posible y, si les ha tocado vivir en el 2008, ser, a su pesar, rebeldes cuarentones para defender una libertad que, a estas alturas de la historia, no imaginaban que iba a ser atacada con tanto ahinco.
De estas historias muchas veces heroicas no suelen quedar más que los datos. Y como es lo único que podemos publicar, así lo hacemos, reproduciendo una nota de prensa de Profesionales por la Ética fechada hoy.
LOS OBJETORES A CIUDADANÍA HAN PRESENTADO 1.562 RECURSOS JUDICIALES
159 resoluciones favorecen ya a los objetores
Madrid, 19 de noviembre de 2008. A sólo dos meses del inicio del curso escolar, las asignaturas conocidas como Educación para la Ciudadanía (EpC) ya han sido evaluadas e incluso suspendidas por los tribunales de justicia.
Hoy mismo, la asociación Profesionales por la Ética ha presentado los datos de los recursos judiciales que se han visto obligados a presentar los objetores a EpC en defensa de sus derechos. Generalmente, el proceso judicial se ha iniciado cuando los padres que habían presentado su declaración de objeción de conciencia han recibido un escrito de la Consejería de Educación negándoles la posibilidad de objetar.
Según ha afirmado José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, la intransigencia de las Administraciones educativas y su insensibilidad con un derecho fundamental como es el de la libertad ideológica y de conciencia, ha obligado a los padres a acudir a los juzgados. «Iniciar un proceso judicial», ha afirmado, «es una medida extrema que se adopta cuando la otra parte, en este caso la Administración, ha cerrado todas las puertas a los ciudadanos, negándoles un derecho que no sólo está recogido en la Constitución Española sino también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Según datos recopilados por Profesionales por la Ética, los padres objetores a EpC se han visto obligados a presentar, a fecha de hoy, 1.562 recursos judiciales. Por Comunidades Autónomas destacan los casos de Navarra (362), Castilla-La Mancha (344) y Castilla y León (251).
Los tribunales han dictado 43 sentencias favorables a los derechos de los padres objetores en Andalucía (19 sentencias), Aragón (1 sentencia) y La Rioja (23). Además, han emitido 116 Autos de medidas cautelares (resolución provisional que exime a los objetores de asistir a clase de EpC y de ser evaluados hasta que se dicte sentencia) en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Por otra parte, según Bazán, se han emitido solamente 3 sentencias en Teruel y Navarra denegatorias del derecho a la objeción a EpC. «Existen otras sentencias, concretamente 30 de Asturias y 1 de Baleares que reconocen el derecho de los padres a objetar pero fallan en contra de algunos casos concretos por falta de pruebas».
La exposición de Bazán ha estado complementada por la de la abogada Pilar Herruzo, defensora de varios padres objetores de Córdoba, quien ha proporcionado las claves jurídicas de las resoluciones favorables a este derecho. En resumen, estas claves son las siguientes:
- Los Tribunales, con independencia de si han dado o no la razón a los padres, han confirmado que el contenido de Educación para la Ciudadanía incide en las convicciones morales de los padres y alumnos.
- Todas las sentencias recaídas hasta la fecha han reconocido que, cuando se ve afectado un derecho fundamental, es posible recurrir a la objeción de conciencia aun cuando no exista regulación legal al respecto.
- Las sentencias que reconocen el derecho a la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía declaran que los alumnos objetores deben quedar exentos de la misma, sin que puedan sufrir ninguna consecuencia negativa en su expediente académico.
Finalmente, ha intervenido Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, quien ha recordado que en esta batalla cívica por los derechos fundamentales se han producido situaciones esperpénticas debido a la insensibilidad del Gobierno y de numerosas administraciones autonómicas. Urcelay ha recordado que en septiembre pasado, la ministra de Educación aseguró que no existía ningún problema con la implantación de Educación para la Ciudadanía. «Ahora podemos preguntarle a doña Mercedes Cabrera si le parecen suficientes problemas 1.562 recursos judiciales».
Para el presidente de Profesionales por la Ética, este conflicto social se ha originado exclusivamente por la negativa del Gobierno a escuchar las razones de los objetores apostando, en su lugar, por las amenazas y las presiones a padres y alumnos, llegando a actuaciones presuntamente delictivas como la publicación de los nombres de menores objetores en el Boletín de la Junta de Andalucía.
«La cuestión», concluye Urcelay, «es que miles de ciudadanos responsables han aceptado complicarse la vida por la libertad y por lo más valioso: los hijos; los de todos, los de hoy y los de mañana. Sea cual sea el fallo del Tribunal Supremo, seguiremos adelante mientras haya una sola familia dispuesta a mantener la lucha por su libertad y la de sus hijos. Llegaremos al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo; donde sea necesario. Es cuestión de compromiso, tenacidad y paciencia».
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No, verá. Lo defensores de EpC no decimos que sea una irresponsabilidad la objeción de conciencia, sino la insumisión a la asignatura, que es algo bien distinto. Lo primero supone cumplir la ley mientras se espera a que un tribunal, después de escuchar y contrastar sus argumentos, le dé la razón; lo segundo tomarse la justicia por su mano y, encima, en la carne de su hijo. Justo al contrario de lo que afirma, los defensores de EpC somos grandes defensores de la objeción de conciencia porque éste es un principio ético de origen laico que debe imponerse a la moral religiosa. Un cristiano no puede objetar a la ley de Dios -el credo de su iglesia- sin dejar de ser cristiano, en cambio el ciudadano de un régimen laico puede objetar a las leyes de la Ciudad y a las de las iglesias sin dejar de pertenecer a aquella ni sufrir persecución por éstas. Obvia repetir lo ya dicho y establecido por la doctrina del Tribunal Constitucional: esa objeción a las leyes democráticas debe ser argumentada ante un tribunal y reconocida por éste, o reinaría el caos.
Urbek,
no conozco a ningún objetor insumiso. Recurrir una sentencia, por ahora, no es insumisión. Es lo que hace todo ciudadano que considera que no han sido reconocidos sus derechos.
La disquisición acerca del cristianismo, que no viene a cuento, solo demuestra hasta qué punto algunos pretenden manipular la historia hasta el punto de atribuir al laicismo los logros morales del cristianismo. Ahora resulta que la conciencia y la objeción son “principios éticos de origen laico”. Claro. Como que la historia arranca con la Revolución Francesa y el cristianismo no ha contribuido en nada a establecer la dignidad de la persona que resulta ser la base de los Derecho Humanos.
No voy a entrar a rebatir cosas que no he dicho, así que le remito a la encíclica Quanta Cura donde la iglesia condenó la libertad de conciencia y la separación entre Iglesia y Estado, entre otros errores modernos. Por cierto, creo que la alusión al cristianismo, y más específicamente al catolicismo, sí que es pertinente, porque no conozco una sóla organización de las que están llamando a la objeción de conciencia, desde la Concapa hasta Profesionales por la Ética, que no sea explícita o implícitamente católica. No seamos hipócritas.
Sobre la insumisión a EpC, hay que recordar que una suspensión cautelar puede revocarse, y al seguir rigiendo la LOE esos alumnos que no asistieron a clase quedarían suspensos. Así, recordó el TSJN que si admitiese ahora la suspensión cautelar y el recurso resultase luego desestimado “los alumnos que no hubieran sido instruidos de la parte de la asignatura impartida durante el periodo de la suspensión deberían no obstante responder de toda ella”.
Hola:
Puede entenderse fácilmente que considerar las leyes como principal fuente de moral es una aberración. No todas las leyes, por el hecho de serlo, son moralmente buenas. Y EpC está impregnada de “positivismo jurídico”, pues es un sustrato para justificar otras aberraciones que inundan estas asignaturas, y para justificar así mismo otras que en un futuro próximo puedan aparecer.
En el movimiento objetor hay muchos católicos, como no podía ser menos, puesto que nos enfrentamos a una cosmovisión contraria a la moral de la Iglesia, y me permito recordar que los católicos, no es que estemos en la Iglesia, es que somos la Iglesia, por lo que esa moral que quieren imponernos va contra nuestra propia moral. Pero eso no quiere decir que sea un movimiento confesional, puesto que no es exclusivo de los católicos, sino de todos aquellos que consideren que la libertad de conciencia está en peligro. De hecho algunos objetores no son católicos.
El problema, se ha dicho en un sinfín de ocasiones, reside en la obligatoriedad de las asignaturas conflictivas. Si no fuesen obligatorias, no habría objeción, lo que en ningún caso supondría aceptar que sean moralmente buenas, por supuesto, sino que no podríamos oponernos porque no tratan de imponérnoslas.
Y, también por supuesto, no son comparables a otras asignaturas, porque esas otras no se basan en la premisa de la formación de la conciencia moral de los alumnos, sino en la adquisición de conocimientos. Pero es que EpC pretende que nuestros hijos asuman como propia una ética contraria a nuestra moral, cosa que es de todo punto inaceptable.
Mi mujer y yo somos católicos, sí, padres objetores, sí, con recursos pendientes, aunque probablemente el tribunal los rechace. Nos gustaría tener amparo judicial a nuestras objeciones de conciencia; pero en caso de que nos lo nieguen eso no supondrá que nos echemos atrás en nuestras reivindicaciones. Lo único que supondrá es que tendremos que asumir las consecuencias, para lo que en casa estamos preparados.
Nuestros hijos no van a asistir a la clase de EpC, porque no sólo vulnera nuestros derechos constitucionales, sino que atenta contra nuestra moral. Somos seguidores de Jesucristo, al que, si no recuerdo mal, mataron clavándolo en una cruz, entre otras cosas, y permítame la ligereza, por “insumiso”.
Pero resucitó, y con el ejemplo de nuestro Maestro, comprenderá usted que no nos vamos a dejar vencer por el miedo. Nuestros hijos suspenderán EpC por no asistir a clase. Pero es que el resultado no sería otro si asistiesen, porque no pueden estar de acuerdo con mucho de lo que en EpC se pretende que asuman y que, ni que decir tiene, no van a asumir. Y para evitarles ese sufrimiento, entre otras cosas, objetamos a EpC.
No me extiendo porque esto parece que se alarga y no quiero aburrirles más.
Que Dios les bendiga y les muestre el Camino, la Verdad y la Vida.
David.
Urbek,
cuando usted se remonta a la encíclica Quanta cura de ¡1864! donde, según su interpretación “la iglesia condenó la libertad de conciencia y la separación entre Iglesia y Estado”,
1. Pretende negar un principio evidente, formulado por el mismo Jesucristo y centro de toda la doctrina social cristiana: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios“. Estado e Iglesia pertenecen a dos órdenes distintos. La Iglesia, por tanto, no propone un modelo de Estado y ha convivido con todo tipo de fórmulas. Lo que condena la encíclica es, precisamente, que el Estado se entrometa en los asuntos de la Iglesia, como es el caso, precisamente, que nos ocupa: no son los obispos los que se inmiscuyen en política denunciando la EpC, sino que -precisamente al contrario- es el Estado quien se arroga el derecho de legislar sobre cuestiones morales, que son competencia de las diversas confesiones religiosas y de las conciencias personales.
2. Decir, asimismo, que la Iglesia condena la libertad de conciencia es tanto como retirar la canonización a Santo Tomás Moro quien, teniendo una posición políticamente privilegiada, antes de rubricar una ley que entraba en conflicto con su conciencia, prefirió ser sometido al martirio.
3. Finalmente, sigo preguntándome por qué introduce el factor de la fe en este debate cuando es un debate de libertades civiles. Además de que sus argumentos sobre la fe carecen del más mínimo fundamento, como demuestro en esta contestación a su provocación, no veo la necesidad de argumentar, por su parte, que todas las organizaciones que se oponen a la EpC sean “explícita o implícitamente” católicas. Yo no he preguntado a la mayoría de españoles que se opone a la EpC si son “implícitamente” católicos. Y aunque así lo fuera, ¿resta fuerza a su argumentación el hecho de ser católicos? ¿O es que en la revolución semántica que se está promoviendo desde el poder pretende considerar la catolicidad como algo irracional, retrógrado y un tanto cateto frente a una sociedad laica, moderna y civilizada? A lo mejor -a lo peor- hay algo de ello.
padre objetor,
No se trata de ninguna interpretación, sino de las “ipsissima verba” del papa, quien condenaba a aquellos que,
“…con cuya idea totalmente falsa del gobierno social, no temen fomentar aquella errónea opinión sumamente funesta a la Iglesia católica y a la salud de las almas llamada delirio por Nuestro Predecesor Gregorio XVI de gloriosa memoria (en la misma Encíclica Mirari), a saber: «que la libertad de conciencia y cultos es un derecho propio de todo hombre, derecho que debe ser proclamado y asegurado por la ley en toda sociedad bien constituida; y que los ciudadanos tienen derecho a la libertad omnímoda de manifestar y declarar públicamente y sin rebozo sus conceptos, sean cuales fueren, ya de palabra o por impresos, o de otro modo, sin trabas ningunas por parte de la autoridad eclesiástica o civil.”
Error LV: “Es bien que la Iglesia sea separada del Estado y el Estado de la Iglesia.”
Así pues, no me cargue a mi la responsabilidad de la contradicción entre el versículo que cita y la condena papal a la libertad de conciencia, de culto y a la separación Iglesia-Estado.
Mi intención al sacar a colación este asunto no era otra que demostrar cómo tales principios condenados explícitamente por la Iglesia son, por ello, creaciones laicas, es decir, conquistas éticas erigidas con la oposición de la tradición, la teología cristiana (y el poder religioso) que en pleno siglo del liberalismo las tachaba de delirios y errores. Naturalmente cuando la Iglesia se ha alejado del poder político y se ha sentido perseguida ha abrazado esas conquistas de manera fervorosa, lo cual demuestra que la laicidad es la gran protectora de las religiones y que la ética laica es el referente universal que más tarde o más temprano acaba moralizando a las doctrinas religiosas.
Urbek,
citando una encíclica de 1864 no rebate mi argumentación sobre la libertad de conciencia ni la separación entre Iglesia y Estado. La historia no se puede cambiar. Y pretender que es el Estado -al que identifica con laicidad- es quien sostiene y protege a las religiones es, como mínimo, un anacronismo galopante.
Finalmente, o discutimos sobre el contenido del post o dejaré de contestar disquisiciones que no vienen a cuento y ponen de manifiesto un intento intencionado o no de tergiversar la realidad y, lo que es más grave, la historia.
Sobre quién lleva razón, ahí están los datos y que el lector juzgue. A mí sí me parece apropiado que en un post dedicado a la batalla judicial en torno a la objeción de conciencia a una ley democrática se recuerde la manifiesta contradicción que supone haber condenado (¡infaliblemente, no lo olvide!) esa misma objeción justamente en el siglo donde empezó a instaurarse como principio jurídico, pero acogerse ahora a ella tan fervorosamente, ¡afirmando incluso que fue una creación religiosa! Este punto lo han señalado certeramente ilustres defensores de Epc, como el aquí citado Jose Antonio Marina, quien se preguntaba dónde iba a enseñarse precisamente la objeción de conciencia a la que se acogen quienes antes la condenaron, sino en una asignatura de ética laica.
Urbek,
la dimensión doctrinal-católica del debate la ha introducido usted, no Yo. Este es un problema de libertades civiles y sus límites. No meta a la Iglesia por medio para después descalificar a los objetores diciendo que son seguidores de una encíclica del siglo XIX.
El problema de libertades civiles se está dirimiendo en los tribunales, pero el debate no es únicamente jurídico, porque se esgrimen argumentos de todo pelaje, incluso falseando los contenidos de la asignatura y emitiendo injuriosos juicios de intenciones (de mentirosos, cínicos o ignorantes nos tilda el Sr. Luengo en su vídeo). Permítame que con la misma libertad con la que los contrarios a EpC sacan a colación “adoctrinamientos socialistas”, “ataques masónicos al cristianismo”, “imposiciones totalitarias del Gobierno”, “maniobras albañales para convertir en gays a nuestro hijos”, etc., etc., uno coja el trapo y exponga la genealogía de las ideas y los grupos que las defienden. Me parece justo, puesto que alguno de sus lectores ha pedido que salgan al ruedo de su blog los defensores de EpC. Por mí que no quede.
Urbek,
el problema de las libertades civiles no se dirime sólo en los tribunales: deriva de la concepción del individuo y la sociedad que uno mantenga y es, por tanto, anterior a cualquier sentencia. Y si tanto valor otorga a las resoluciones judiciales, a ver si tiene en cuenta en ingente número de resoluciones favorables a los padres objetores que se están produciendo a lo largo y ancho de este país, que es, precisamente, el tema del post.
Respecto a lo que usted llama “genealogía de las ideas”, igual da que la defensa de la libertad individual la mantenga el catolicismo o la defendiera la masonería. La verdad es verdad la diga Agamenón o su porquero.
¿Ingente número 43 objeciones aceptadas en todo el territorio nacional? Y no es que una reclamación sea más o menos justa por las veces que así se dictamine, pero me parece que los padres que tengan en proyecto sacar a sus hijos de la asignatura tienen que tener en cuenta ese dato. Yo desde luego pienso que hay que tomar una actitud menos reactiva e insto a los padres a informarse en sus respectivos centros sobre los contenidos de la asignatura. Me parece que el conocimiento es la mejor arma contra los intentos de manipulación vengan de donde vengan.
Saludos.
Urbek,
63 sentencias favorables son una incontestable mayoría sobre el total de sentencias emitidas. A ellas hay que sumar el más que un centenar de medidas cautelares.
No reduzcamos burdamente la oposición a la EpC con el número de objeciones presentadas, ni el número de objeciones a las sentencias que las reconocen.
En cuanto a la necesidad de que los padres se informen, estamos totalmente de acuerdo.
Urbek: No voy a juzgar las razones aducidas, que extrañamente apelan a decisiones eclesiásticas por alguien que me parece intuir que no es precisamente cristiano, menos aún católico. Eso no sería obstáculo para dialogar, si eso es lo que se pretende.
No me parece relevante que yo sea católico (convicto y confeso si se me permite) para participar en una acción de CARÁCTER ACONFESIONAL y. además, apartidista, aunque sí política.
Por ello no seguimos un norma papal suscrita en una circunstancia histórica muy diferente de la actual.