A raíz de la publicación de la escueta nota de prensa del Tribunal Supremo (en Anexo 1) sobre los cuatro recursos de casación sobre el derecho a la objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía examinados durante los días 26 a 28 de enero, se están escribiendo ríos de tinta y titulares rotundos.

Lo bueno de esta reacción es que se está haciendo público un conflicto que el propio Gobierno pretendía silenciar a base de ignorarlo. La parte negativa es que, la búsqueda de titulares redondos oculta, en muchos casos, los detalles de la noticia y, lo que es más grave, la verdadera naturaleza de las cosas.

Para clarificar la situación, pretendo enfrentar algunas de las falsedades que corren por ahí sobre el fallo del Tribunal Supremo con la correspondiente verdad de los hechos.

1. MENTIRA: El Tribunal Supremo ha dictaminado que no existe el derecho de objeción de conciencia frente a la EpC.
   
   VERDAD: El Tribunal supremo ha dictaminado que no existe el derecho de objeción de conciencia en los cuatro casos examinados, que son los primeros de una extensa lista de recursos que se van a someter a su consideración.
    
2. MENTIRA: Todos los alumnos objetores deben volver a clase de Educación para la Ciudadanía.
   
   VERDAD: El fallo del Tribunal Supremo sólo afecta a los alumnos representados en los cuatro recursos examinados.
    
3. MENTIRA: Según la Ministra Cabrera “la sentencia confirma que Educación para la Ciudadanía es una asignatura como cualquier otra y obliga a las administraciones educativas a aplicarla y resuelve un larguísimo debate”.
   
   VERDAD: Hasta conocer las sentencias en su integridad, es aventurado especular que el Supremo haya desestimado completamente las argumentaciones de los recurrentes. De hecho, en varios medios se estima que el Tribunal va a establecer unos límites a la asignatura encaminados a evitar la posibilidad de un adoctrinamiento (Anexo II).
   La EpC tiene, a diferencia del resto de asignaturas, la pretensión de que los alumnos ASUMAN como propias sus enseñanzas y SE COMPORTEN de acuerdo con ellas (Anexo III). En esto consiste el ADOCTRINAMIENTO que los padres denunciamos, más allá de los contenidos concretos de la asignatura.
    
4. MENTIRA: La sentencia es vinculante para el resto de los tribunales de justicia españoles, por lo que no cabe ya recurrir en favor de la objeción de conciencia.
   
   VERDAD: La sentencia sólo afecta a los cuatro casos estudiados y no vincula de modo alguno al resto de los tribunales jurisdiccionales, en los que los padres objetores van a seguir presentando recursos si no se reconoce su derecho a la objeción de conciencia.
    
5. MENTIRA: El fallo del Tribunal Supremo acaba con el movimiento objetor porque ha establecido claramente que no existe tal derecho.
   
   VERDAD: El movimiento objetor va a redoblar sus esfuerzos para informar sobre el atropello que supone la EpC para los derechos de los padres y seguirá acudiendo a cuantas instancias judiciales sea menester para defender sus derechos.
    

Como consideración final quisiera resaltar que, aunque se desestimara el derecho de objeción de conciencia a una Educación para la Ciudadanía limitada a principios y valores estrictamente constitucionales, el movimiento objetor habría conseguido su objetivo final, que no es eximir a sus hijos de una asignatura, sino evitar la implantación de una asignatura adoctrinante en cuestiones moralmente discutibles.

Anexo I: Nota de prensa de la Sala Tercera del Tribunal Supremo del 28 de enero de 2009

La Sala Tercera del Tribunal Supremo en Pleno ha examinado cuatro recursos de casación, sobre el derecho a la objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía, tres de ellos procedentes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y otro procedente de la Sala de lo Contencioso de Sevilla.

El Pleno de la Sala ha llegado a la conclusión de que en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia y así mismo ha establecido que los Decretos examinados, ambos referentes a la Educación Secundaria, por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Esta decisión ha sido tomada con el voto favorable 22 de los 29 Magistrados presentes.

Las sentencias están pendientes de redactar y se notificarán en los próximos días.

Madrid, 28 de enero de 2009.

Anexo II: Extracto de la noticia sobre el fallo publicada por el diario el Mundo

Finalmente, el Pleno ha logrado aunar en una postura de consenso a 22 magistrados tras incluir dos importantes matizaciones. EpC, precisa el Supremo, no permite a las autoridades administrativas o escolares, ni a los profesores, imponer a los alumnos criterios morales o éticos que son objeto de discusión en la sociedad. Su contenido debe centrarse en la educación de principios y valores constitucionales.

Asimismo, se deja la puerta abierta a que se puedan recurrir los manuales de la asignatura. Con estas matizaciones ha sido posible sumar el voto de parte del sector conservador de la sala.

Anexo III: REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
BOE núm. 5 Viernes 5 enero 2007 pp. 688-689

“La dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto.”

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