¿Se acuerdan ustedes de la polémica “Ley Corcuera” de Seguridad Ciudadana que permitía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entrar en un domicilio particular ante la sospecha fundada de que en su interior se estuviera cometiendo un delito?

Poco tiempo después de su promulgación, los jueces determinaron su inconstitucionalidad y obligaron a retirar la ley también conocida como “de la patada en la puerta”.

Viene a cuento este recuerdo porque los Decretos que regulan la Educación para la Ciudadanía suponen una “patada en la puerta” de las familias españolas ante la sospecha de que los padres no estén educando a sus hijos según los valores imperantes propuestos por el Estado.

Explícita o implícitamente, la EpC parte de la sospecha sobre las capacidades educativas de los padres. “La educación, vienen a decir sus promotores, es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de los padres”. Y es, por tanto, el Estado, quien tiene la responsabilidad y la autoridad para educar a los ciudadanos según una ética constitucional de valores comúnmente admitidos: “La educación pública tiene la responsabilidad de formar la conciencia ciudadana” (José Antonio Marina, El Mundo, 15/12/2008).

Es esta pretendida responsabilidad del Estado la que le lleva a sustraer a las familias la transmisión de los valores morales. Y es que, según  los promotores de las EpC, la garantía de que los ciudadanos se comporten moralmente sólo es posible cuando es el Estado quien se hace cargo de la educación moral: “el principio de que la educación sea subsidiaria respecto a las familias no es un principio aceptable para un sistema educativo moderno” (Alejandro Tiana, Secretario de Estado de Educación en la anterior legislatura. Comparecencia pública en Vitoria el 8 de marzo de 2006).

En fin, con la nueva concepción educativa de la izquierda radical, la subsidiariedad del Estado en el ámbito educativo se invierte: son ahora los padres los agentes subsidiarios. Quien tiene la principal responsabilidad educativa y establece los principios morales que han de asumir los alumnos es el Estado. A los padres les quedan dos alternativas: sumarse al proyecto educativo estatal o ser relegados fuera del sistema educativo como agentes nocivos o contaminantes: “las familias, en muchos casos, son las más eficaces transmisoras de prejuicios religiosos, políticos, raciales, etc.” José Antonio Marina (Idea de La Mancha, publicación de la Consejería de Educación de Castilla La Mancha nº 6).

Este planteamiento estatalista expropia a los hijos de la tradición moral familiar como en los mejores tiempos de los regímenes totalitarios. Los hijos vienen a pertenecer al Estado por lo que no tiene sentido que sus padres reclamen derechos sobre su educación (Constitución, art. 27.3) porque prevalece el deber del Estado de educarlos según los valores imperantes. Toda una patada en la puerta por la que el Estado entra en las familias para educar según la moralidad oficial.

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