Conozco personalmente bastantes estudiosos de la Educación para la Ciudadanía. Y es que la Ciudadanía es un tema que lleva debatiéndose en los foros académicos europeos desde hace bastantes años. No es extraño, por tanto, que, de vez en cuando, algún estudioso de la materia se manifieste en los medios de comunicación. No sólo no es extraño sino que es conveniente. Ahora bien, el problema de estas manifestaciones es que suelen hacerse sobre una teórica Educación para la Ciudadanía y no sobre las asignaturas concretas cuyo contenido desarrollan los reales decretos de mínimos. O lo que es lo mismo, se escribe sobre lo que debiera ser, y no sobre lo que es.

Los padres objetores, hay que reiterarlo, no nos oponemos a una Educación para la Ciudadanía. Nos oponemos a esta Educación para la Ciudadanía. No es necesario, por tanto, convencernos de lo provechoso que debe ser para nuestros hijos el conocimiento de los principios constitucionales, los Derechos Humanos, las instituciones europeas, etc.

Hago estas reflexiones, que pueden parecer -y lo son- reiterativas, porque de vez en cuando nos encontramos en la prensa artículos como el que sigue y voy a glosar con el permiso de su autora:

El lugar de EpC en el currículo escolar

María Elósegui
La Gaceta, 4 de febrero de 2009

Muchos estamos de acuerdo en que se eduque a los estudiantes en derechos humanos

Esta entradilla, leit motiv del artículo, está presuponiendo que quienes nos oponemos a esta EpC no estamos de acuerdo con que se eduque a los estudiantes en derechos humanos.

A lo que nos oponemos es, básicamente a dos cosas:

1. a que obliguen a nuestros hijos a ASUMIR los valores propuestos por dichas asignaturas COMO PROPIOS y a ser evaluados en función de su COMPORTAMIENTO al respecto.
2. a que, so capa de enseñar valores constitucionales y derechos humanos, se les inculque una moral partidista que, en este caso, está transida de ideología de género, realtivismo moral y positivismo jurídico amén de lo que los manuales añaden como propio.

ANTE las primeras noticias de prensa sobre el fallo del TS rechazando la objeción de conciencia de los padres ante EpC habrá que esperar a ver los términos de la sentencia.

Con independencia de ello me atrevo a realizar unas consideraciones sobre una cuestión que a mi juicio ha estado muy sesgada en ambos bandos, el de los defensores acérrimos de EpC y el de los detractores. En mi caso, no estoy de acuerdo con ninguna de las dos posturas que se han esgrimido. La innovación en EpC y los derechos humanos es absolutamente necesaria.

Usted no está de acuerdo con ninguna de las dos posturas que se han esgrimido, sencillamente porque se ha colocado fuera del debate. Y es que no estamos debatiendo la necesidad de enseñar a los estudiantes los Derechos Humanos.

La educación en valores democráticos o en ética cívica debe de tener un lugar propio en el currículo escolar, que es diferente al de la enseñanza de la religión; una ética común y una enseñanza sobre la Constitución, que debe ser enseñada a todos. Por ello, la enseñanza de los Derechos Humanos debe de tener su lugar propio como ética, filosofía política, incluyendo también una base jurídica. Creo que parte de los contenidos de los Reales Decretos responden a esta idea.

En efecto, esa es la parte menos discutida por los objetores. Y digo “menos” porque no es lo mismo hablar de “valores democráticos” que de “ética cívica”, porque pretender la instauración de una ética cívica (Peces-Barba, Cortina, etc.) es, además de un expreso intento de sustituir las éticas religiosas, una utopía.

Sin embargo, por una parte sobran en ellos algunas materias que no deberían ser propias de esta asignatura. Por su parte, los manuales que se han editado en España, están muy lejos, la mayoría de responder al estilo de los manuales del resto de los países de la UE. Afirmo ésto después de haberme molestado en leer casi todos los que están en el mercado español y de conocer de primera mano los de países como Francia, Bélgica, Alemania y hasta Estonia. Ante ese hecho me he visto obligada a publicar un manual que responde al temario y que podría titularse Constitución para los niños, sus profesores y sus padres. Los contenidos explican la Constitución y los organismos internacionales, basándose en los Derechos Humanos, y dejándose de zarandajas de afectividades-emocionales.

Este es el quid de la cuestión y no debiera pasar por él como de puntillas. Lo que usted llama “zarandajas de afectividades-emocionales” es un compendio ideologizante de primer orden ante el que los padres nos hemos plantado. Me parece muy bien que haya escrito un manual de EpC y le felicito por ello, pero no puede pasar por alto que, basados en los contenidos mínimos de los reales decretos, la gran mayoría de los manuales en el mercado son absolutamente adoctrinantes. Yo me alegro por los alumnos que estudien su manual, pero no puedo dejar de recordarle que a la gran mayoría de los jóvenes de este país no les será prescrito como libro de texto.

Por otra parte, si en la redacción de su manual se ha dejado “de zarandajas de afectividades-emocionales” me temo que no cumplirá los contenidos mínimos fijados por los reales decretos. Porque dejan muy claro y por extenso que conceden gran importancia a lo que usted denomina “zarandajas”.

El fundamento de la política y el derecho es la razón, no la revelación. Por tanto, la EpC utiliza argumentos racionales que no deben confundirse con los argumentos religiosos, aunque tampoco tienen por qué contradecirlos. Todo ello no va en detrimento del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus creencias (o su moral), porque hay conocimientos jurídico-políticos y éticos que deben de ser transmitidos a sus hijos a través de una enseñanza reglada con unos contenidos curriculares rigurosos, que están ausentes de la mayoría de los manuales españoles que están en el mercado. Todo ello es compatible con afirmar que a mi juicio, con independencia de lo que diga el Tribunal Supremo, los padres, como cualquier ciudadano tienen derecho a objetar en conciencia cuando ven el tipo de contenidos que se les está transmitiendo a sus hijos.

Afirma que “hay conocimientos jurídico-políticos y éticos que deben de ser transmitidos a sus hijos a través de una enseñanza reglada con unos contenidos curriculares rigurosos, que están ausentes de la mayoría de los manuales españoles que están en el mercado.” Pues precisamente por eso nos oponemos a esta Educación para la Ciudadanía. Y debiera saber que esa ausencia de “contenidos curriculares rigurosos” está determinada, precisamente, por los reales decretos de mínimos. Es por eso por lo que nos oponemos a esta ley y no a su manual.

Las licenciaturas que permiten ser profesor de primaria, secundaria o bachiller no cuentan en su currículo con materias que preparen para tener un mínimo de conocimiento del Derecho español y de la organización ético-jurídica del Estado. La solución es que se introduzca una asignatura en esas licenciaturas sobre Derecho Constitucional y organismos internacionales, derechos humanos, ciudadanía europea, un mínimo de legislación, como existe ya en países como Australia, Francia etc.

Muchos estamos de acuerdo en que se eduque a los escolares en derechos humanos y en una cultura política común. La clave del debate debería centrarse en definir el fundamento y el lugar de los valores comunes. Se puede enseñar derechos humanos desde visiones éticas y antropológicas diferentes. La polémica está entre quienes defienden una fundamentación iusnaturalista o una fundamentación contractualista-positivista. En el mundo académico español (y en el de los manuales al uso) es mayoritario el planteamiento positivista, pero aunque esa sea la postura mayoritaria, cabe mantener en nuestros días una ética con un fundamento en la ley moral y con una visión transcendente de la persona.

En efecto, cabe mantener una ética basada en la ley moral y con una visión trascendente de la persona. Lo que no cabe es:

1. impartir EpC con manuales que mantengan esta orientación, porque contradicen los contenidos propuestos por los reales decretos de mínimos.
2. imponer esta u otra orientación moral a los alumnos evaluando su asunción de los principios expuestos y su comportamiento.

En suma, la alternativa a ese planteamiento mayoritario no debería ser atrincherarse nuevamente en una mezcolanza entre ética y religión, sino devolver su lugar a una ética racional clásica, fundamento de una ciudadanía constitucional. Esa ética tampoco sustituye a la religión, sino que conduce a ella con argumentos de razón.

No sé a quién se refiere la propuesta de “atrincherarse nuevamente en una mezcolanza entre ética y religión”. Desde luego no a quienes nos oponemos a estas asignaturas. En cualquier caso, le reitero, para finalizar, que los padres objetores no nos oponemos a una Educación para la Ciudadanía fundamentada en “una ética racional clásica”, sino que es el gobierno quien se ha opuesto a ello. No nos oponemos a una enseñanza de los derechos humanos. Lo que el movimiento objetor y múltiples autoridades han denunciado es la intromisión del estado en el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones.

Nos oponemos a esta Educación para la Ciudadanía, no a la que pudiera y hubiera debido ser.

© 2009, Diario de un padre objetor. Todos los derechos reservados. Este texto puede ser citado siempre que se indique su procedencia y se enlace con su origen.

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