El movimiento objetor no termina en los tribunales
A la espera de la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre el derecho a la objeción de conciencia frente a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía, el Gobierno ha echado las campanas al vuelo celebrando una victoria que quizá devenga en pírrica. Parece claro que el alto tribunal no encuentra motivos para justificar la objeción en los cuatro casos examinados, pero tampoco sería extraño que estableciera una serie de límites a los contenidos de las asignaturas a fin de prevenir tentaciones adoctrinadoras. Si se confirmara este segundo extremo, los padres objetores estaríamos más cerca de conseguir nuestros objetivos.
Y es que, según hemos explicado en el manifiesto conjunto de 65 plataformas de padres por la libertad, nuestro objetivo final no es el reconocimiento del derecho de objeción, sino el restablecimiento de derechos y libertades que los reales decretos que establecen la EpC han alterado sustancialmente en detrimento del derecho constitucional de los padres a elegir la formación moral que estimen más conveniente para sus hijos.
El reconocimiento del derecho de objeción es un hito en la batalla por la libertad de educación, y lo solicitamos como último recurso al que podemos acudir como personas individuales una vez promulgada la ley. Ahora bien, los padres contrarios a la EpC no tenemos vocación de objetores, de ciudadanos de segunda. No pretendemos tanto que se nos exima de una obligación como procurar la derogación o una reforma sustancial de las leyes que recortan nuestros derechos como padres.
Así, con independencia de la sentencia del Supremo -al que debieran seguir otras- y los posibles recursos ante el Tribunal Constitucional o el de Derechos Humanos de Estrasburgo, los padres comprometidos en el movimiento objetor no vamos a renunciar a nuestras reivindicaciones que no son otras que la defensa de nuestros derechos -y los de todos los ciudadanos- ante las tentaciones totalitarias del Estado. Lo reconozcan o no los tribunales.
Más allá de la lucha por el reconocimiento de la objeción de conciencia, este movimiento civil no va a desaparecer por una sentencia favorable o desfavorable. Está creciendo y fortaleciéndose como un vigía necesario ante las tentaciones totalitarias del Estado en materia educativa. Porque nos jugamos el futuro de nuestros hijos. Y en este cometido, a pesar de los reveses, no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás.
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En honor la libertad de educación, debemos solicitar se nos reconozca el <>. Pero recurrir a esto en primer término, sería considerarnos “ciudadanos de segunda” por pedir se nos EXIMA de una OBLIGACIÓN.
Tenemos que ir YA, antes de objetar, como petición primera, a la derogación de la EpC o una reforma sustancial de las leyes que recortan los derechos de los padres.
Es decir: exigir una ley que no vulnere los derechos constitucionales de los padres. Y si no se hace una LEY que salvaguarde esos DERECHOS, pedir se nos reconozca el DERECHO de OBJECIÓN