El “copy/paste” de Gabilondo
Ya lo advertíamos ayer: un pacto que aspira a no disgustar a nadie tampoco va a convencer a nadie. Y es que ponerse como objetivo no pisar callos no garantiza un baile brillante.
Las 46 páginas del documento-base son un elenco de buenos deseos y un batiburrillo de medidas que, nacidas del “corto y pego” de 121 documentos, no pueden sino presentar una imagen global de cambalache contradictorio. Es el precio que hay que pagar cuando se pretende hacer del consenso el instrumento universal para resolver los problemas.
Para empezar, y ante la debilidad de la propuesta, el Ministro apela a “razones de Estado” para reclamar la firma de todos los agentes implicados: “es una demanda de la sociedad; una petición explícita del Presidente del Gobierno y una demanda del propio sistema educativo”. Mal empezamos cuando no valora su contenido sino su necesidad.
Resulta, en segundo lugar, un tanto farisaico pedir a la oposición que se comprometa a hacer justamente lo contrario de lo que ha hecho el gobierno hasta el momento:
- piden una estabilidad mínima de diez años quienes se estrenaron derogando la LOCE (p. 1)
- exigen que se mantenga la actual ley de educación y se discuta, como mucho, su aplicación (4. ESTABILIDAD NORMATIVA, p. 45)
- proponen “instaurar la cultura de la evaluación” (Objetivo 2, p. 15) y “la cultura del trabajo, el esfuerzo y el respeto” (p. 5) los mismos que eliminaron la calificación de “0″ para no traumar al alumno que realiza un pésimo examen.
En tercer lugar, sonroja que un catedrático de universidad sea capaz de proponer en un sólo documento semejante cantidad de propuestas contradictorias. A menos, claro está, que sea hegeliano:
- las piruetas para conjugar la “equidad” -banderín socialista- con la “excelencia” -banderín popular- (objetivo 2, pp. 12 y ss.) acaban diseñando dos itinerarios paralelos: el que se preocupa por la inclusión y pretende evitar a toda costa el abandono de los estudiantes con dificultades y el que se ocupa de “fomentar la excelencia en todas las etapas y niveles educativos, en los jóvenes con mayor capacidad y motivación para aprender” (p. 6) mediante un “nuevo Programa de profundización de conocimientos dirigido al alumnado de Primaria y Secundaria con mayor capacidad y motivación para aprender” (26, p. 15).
- el refuerzo de “las medidas de orientación académica y profesional (…) para que el alumnado pueda elegir las opciones más ajustadas a sus competencias e intereses” (16) tiene difícil encaje con la necesidad de establecer itinerarios formativos “ajustada a las nuevas necesidades de los distintos sectores productivos” (objetivo 4, p. 21).
- la “flexibilidad del sistema educativo” (objetivo 3, pp. 17 y ss.) y la obsesión para “que ninguna acción formativa conduzca a caminos cerrados” (p. 18) es tal que cabe, entonces, preguntarse por las diferencias entre los diversos itinerarios formativos. Más aún: se llega a proponer, incluso, la “agrupación de materias en ámbitos, especialmente en los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria, con el fin de reducir el número de materias y de profesores distintos que tiene el alumnado” (12). La situación demanda una gran especialización, pero se acaba proponiendo como modelo el maestro de pueblo que de todo sabe.
En cuarto lugar, los inevitables tics intervencionistas:
- el pacto educativo es el instrumento para “reorientar nuestro modelo de crecimiento económico” (p. 4). Es el legislador, y no la sociedad, quien determinará “un nuevo modelo de crecimiento” (p. 18).
- “La educación es un bien de interés público, un bien de toda la sociedad” (p. 7). Y todo lo público, para una mentalidad intervencionismo, debe estar promovido y regulado por el Estado. “El objetivo es que garanticemos el doble principio del derecho a la educación y la libertad de enseñanza consagrados en la Constitución” (p. 7). Efectivamente, pero a renglón seguido se afirma “Para alcanzar la calidad educativa para todos tenemos que fortalecer y reforzar la red de centros públicos, y establecer los derechos y las obligaciones de la red de centros concertados, con el fin de que todos los centros sostenidos con fondos públicos garanticen una educación de calidad a todo el alumnado.” Nótese que se habla de “fortalecer y reforzar” la red de centros públicos mientras que, sobre la enseñanza concertada sólo se hace referencia a sus derechos y obligaciones. Como diría aquél, “ojo al dato”. Y, por cierto, señor Gabilondo, los fondos públicos no existen: son los que aportamos los ciudadanos privados.
- “Los poderes públicos determinarán, con la participación de la comunidad educativa, las necesidades de escolarización de las distintas zonas, enseñanzas y etapas educativas en el marco de esta programación” (p. 29). Y ahora la ración de condescendencia: “Además, la programación general de la enseñanza por parte de las administraciones educativas debe permitir que todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos garanticen una alta calidad educativa a todos sus alumnos, debe favorecer la libertad de elección de las familias” (p. 29). Nótese aquí cómo no emplea el término “garantizar” sino el delicuescente “favorecer” al referirse a la libertad de elección de las familias. Y no es casual: vuelven a emplear la expresión “favorecer la libertad de elección de las familias” …”en el marco de la programación general de la enseñanza que realizan las administraciones educativas” (81, p. 30).
- “es necesario avanzar hacia una mayor autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros para que dispongan de los instrumentos necesarios para responder, en sus proyectos educativos y en sus planes de actuación, a las necesidades del alumnado que tienen escolarizado.” (p. 29). Y lo dicen quienes denominan “segregada” a la educación diferenciada y procuran retirar los conciertos a los centros que han optado por dicha elección pedagógica.
Y, finalmente, Educación para la Ciudadanía. ¿Dónde queda esta disciplina que, en boca de Peces-Barba, justifica con creces una legislatura? Ni está en el pacto ni se la espera. ¿Quiere esto decir que el ponente renuncia a la asignatura? Ni mucho menos: su ausencia del documento simplemente quiere decir que es innegociable. Punto.
Por otra parte, la concepción subyacente a Educación para la Ciudadanía impregna todo el documento y se le dedica, en exclusiva, el Objetivo 10: “Convivencia y educación en valores”. Como botón de muestra, se establece, en el mismo documento que pretende restituir la autoridad del profesorado (p. 39) y la profesionalización de los equipos directivos (7, p. 8), que “los estudiantes tienen que participar más en la vida de los centros, hay que mejorar sus cauces de participación y que se impliquen más en la adopción compartida de las normas de convivencia en los centros y en la resolución de los conflictos que se puedan producir.” (p. 36). Desde luego, “es necesario promover actuaciones a fin de garantizar la educación en los valores propios de una sociedad democráticamente avanzada a todo el alumnado” (p. 37). Y yo le pregunto, ministro: ¿cuáles son esos “valores propios de una sociedad democráticamente avanzada”? Pero no me conteste ahora: hágalo después de la publicidad…
© 2010, Diario de un padre objetor. Todos los derechos reservados. Este texto puede ser citado siempre que se indique su procedencia y se enlace con su origen.
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