Hace cuatro días me hacía eco de la noticia según la cual el Tribunal Supremo había fallado desestimando las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que reconocían en derecho a la objeción de conciencia de los padres castellanoleoneses frente a Educación para la Ciudadanía.

Hasta aquí, la noticia no resultaba sorprendente porque en sus sentencias de enero del año pasado, el Supremo había desestimado el derecho a ejercer la objeción de conciencia en materia educativa. Lo que sí ha vuelto a sorprendernos, aunque lleva camino de convertirse en práctica habitual, es que la resolución de esta sentencia, al igual que la de aquellas, ha sido filtrada a los medios de comunicación sin conocimiento de los padres recurrentes, sus abogados y procuradores. Y claro, ha dejado a éstos indefensos y desconocedores de la argumentación del alto tribunal.

El Tribunal Supremo está siendo cuestionado cada día más. Por parte, sobre todo, de quienes defienden la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Los padres objetores, por el contrario, llevamos la batalla jurídica con perseverancia y sin desaliento, sabiendo que es un deber ciudadano recurrir las leyes injustas ante los tribunales, sin cuestionar su independencia a pesar de los fallos contrarios a nuestros intereses. Otros injurian gravemente a los magistrados. Nosotros respetamos el Estado de Derecho. Pero lo que no es de recibo es que la segunda de las sentencias relativas a Educación para la Ciudadanía haya sido filtrada, como las primeras, antes de ser comunicarla a las partes. Algo huele a podrido en el Supremo. Otros depurarán sus responsabilidades, porque lo nuestro es seguir adelante sin echar la vista atrás.

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