Los padres objetores siempre hemos sostenido que la objeción de conciencia es un derecho ciudadano ante leyes que colisionan con derechos fundamentales. Pero, además de ejercer la objeción de conciencia, recurrimos a los tribunales porque consideramos que es un derecho y un deber de nuestra condición ciudadana. No estamos -ni de lejos- en contra de educar a nuestros hijos en las virtudes y deberes propios del buen ciudadano y así procuramos hacerlo. Distinto es pretender que el buen ciudadano sea quien asuma y se comporte según dicte la ideología dominante y así se procure inculcar en las escuelas. Esto es, lisa y llanamente, adoctrinamiento. Un adoctrinamiento que se inmiscuye con descaro declarado en el derecho de los padres a escoger la educación moral de sus hijos, que para eso los han traído al mundo. Por aquí no pasamos porque esto es harina de otro costal y sólo los desinformados y los manipuladores confunden una verdadera educación para la ciudadanía con un programa de adoctrinamiento gubernamental.

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Fernando Savater escribe este domingo ¿Ciudadanos o santos? en defensa del Plan de Educación para la Paz arremetiendo contra los padres objetores a Educación para la Ciudadanía a quienes nos acusa de sostener “que la transmisión de los valores morales que atañen al civismo es competencia exclusiva de los padres“. Llega, incluso, a aventurar que “quienes sostienen la competencia exclusiva de los padres en esta materia son quienes niegan con mayor vehemencia que las niñas puedan cubrirse con el ‘hiyab’ por obediencia a las creencias familiares o que niños de cinco o seis años puedan exhibirse con pegatinas a favor de los presos etarras que les han puesto en el babero sus papás“. Pretende demostrar con esta supuesta contradicción la “irracionalidad” del planteamiento objetor.

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Hace cuatro días me hacía eco de la noticia según la cual el Tribunal Supremo había fallado desestimando las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que reconocían en derecho a la objeción de conciencia de los padres castellanoleoneses frente a Educación para la Ciudadanía.

Hasta aquí, la noticia no resultaba sorprendente porque en sus sentencias de enero del año pasado, el Supremo había desestimado el derecho a ejercer la objeción de conciencia en materia educativa. Lo que sí ha vuelto a sorprendernos, aunque lleva camino de convertirse en práctica habitual, es que la resolución de esta sentencia, al igual que la de aquellas, ha sido filtrada a los medios de comunicación sin conocimiento de los padres recurrentes, sus abogados y procuradores. Y claro, ha dejado a éstos indefensos y desconocedores de la argumentación del alto tribunal.

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El Tribunal Supremo acaba de anular una de las sentencias por las que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconocía el derecho a la objeción de conciencia de los padres ante las asignaturas de Educación para la Ciudadanía.

Aunque los de siempre se han apresurado a publicar que el Supremo afirma “por enésima vez” que EpC no vulnera libertades, lo cierto es que el alto tribunal simplemente se ha ratificado en su doctrina que niega la existencia de un derecho a la objeción de conciencia en materia educativa. Esta afirmación pretende fundamentarse en el hecho de que la Constitución española no recoge expresamente el derecho a la objeción de conciencia en materia educativa y si, en cambio, al servicio militar. Lo cierto es que los padres de la Constitución ni por asomo podían prever un horizonte donde se utilizara la educación para conculcar derechos fundamentales. Pero todavía tendrá que pronunciarse al respecto. Tiempo al tiempo.

Lo que no cuentan los defensores de la EpC es que el Supremo no rebate las graves afirmaciones que el TSJCL hace sobre las asignaturas de Educación para la Ciudadanía:  Leer el resto de la entrada 

Por fin ayer María Dolores de Cospedal hizo pública la postura final del PP sobre el Pacto Educativo:

“El PP se opone a blindar el modelo educativo actual y por lo tanto nos parecía un fraude hacia la sociedad española contribuir a perpetuar un sistema fracasado que genera un 30% de fracaso escolar y un 30% de abandono escolar temprano”

Magisnet, 6 de mayo de 2010.

Y es que, como comenté en un primer análisis de la propuesta final del ministerio, efectivamente el pacto supone un blindaje a diez años vista de la nefasta ley de educación socialista. Solicitado, para más INRI, por quienes tardaron una semana en derogar la LOCE.

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