Hoy ha organizado elCorreoweb.es un Encuentro digital con Juan José Abad, el autor del libro de Educación para la Ciudadanía calificado como adoctrinador por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hace unos días.

Tras las declaraciones hechas al Diario de Burgos en las que acusaba el palo recibido pero achacaba el fallo a prejuicios ideológicos, hoy, respondiendo por escrito a una serie de preguntas formuladas por los lectores, ha vuelto a perder la oportunidad de matizar sus declaraciones y ha justificado más si cabe su manual y su forma de concebir la educación en contra del criterio sentado por el Tribunal Supremo:

En una sociedad democrática, agrega la sentencia, “no debe ser la Administración educativa —ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores— quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas“, ya que éstas pertenecen “al ámbito del libre debate en la sociedad civil, donde no se da la relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales“.

Abad, por el contrario, utiliza la relación vertical profesor-alumno (como autor) para debatir con ventaja múltiples cuestiones controvertidas de alcance ideológico y moral procurando transmitir a los indefensos alumnos sus posiciones ideológicas:

Trato de temas controvertidos en la sociedad de una manera también controvertida

en esos temas controvertidos es en los que hay que entrar, de una manera neutral. Los problemas son los problemas, y si algún sentido tiene EpC es afrontar de una manera honrada esos problemas.

En el libro no ofrece una repuesta unívoca y que cada uno tiene que solucionar. Yo sólo doy algunas pautas, pero ninguna solución. EpC debe entrar en los problemas.

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Juan José Abad es el autor del libro de Educación para la Ciudadanía editado por McGraw-Hill que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia ha considerado ‘claramente adoctrinador’ eximiendo, por tanto, de ir a clase de EpC a un alumno demandante.

En una entrevista concedida al Diario de Burgos, el autor, profesor jubilado de 67 años y autor de varios manuales de Filosofía, Ética e Historia confiesa sentirse dolido por la sentencia, aunque confía en que el recurso anunciado por la Junta de Andalucía revoque una sentencia que según Abad, “no tiene ningún sentido“.

Una descalificación grosera de la sentencia de un Tribunal Supremo por parte de quien se supone debe enseñar ciudadanía a nuestros hijos. Claro que la descalificación de la justicia en un Estado de Derecho es un privilegio que los radicales izquierdistas utilizan con gran naturalidad cuando les conviene. Si las sentencias son contrarias a los padres objetores, hemos de acatarlas y cumplirlas. Cuando nos dan la razón, son injustas, deben ser recurridas y hasta “carecen de sentido”. Y todo esto afirmado, insisto, no por un político, sino por el autor de un libro de Educación para la Ciudadanía. Una lección que enmarca su manual.

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Parece mentira que, a estas alturas, sorprenda una sentencia judicial que califica de adoctrinador el manual de Educación para la Ciudadanía de una conocida editorial académica.

Llevamos tres años denunciando que se trata de una asignatura adoctrinadora en su misma concepción. ¿Cómo habrán de ser, pues sus manuales: adoctrinadores. Y los que no lo sean, no siguen fielmente los objetivos y contenidos propuestos por los Reales Decretos que desarrollan la asignatura:

“La dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos”.

REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

Educación para la Ciudadanía no pretende enseñar, como se dice, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Constitución Española (que, por cierto, para el Presidente contiene aspectos discutidos y discutibles): su objetivo es reconstruir la moral de los alumnos según los valores que el gobierno quiere imponer.

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Corría el pasado mes de abril cuando se puso fecha para la aceptación o el rechazo del fallido Pacto de Estado de Educación. Una crónica de Hispanidad reflejaba los argumentos de muchos participantes para oponerse a su firma. Y, cuando le llega el turno a los representantes de centros y padres de la enseñanza concertada, surge la ¿sorpresa?:

Los que sin embargo parecen medio satisfechos son los religiosos de la enseñanza y la CONCAPA. La razón: el Gobierno se compromete a ir equiparando los sueldos de la concertada a los existentes en la escuela pública. Una reivindicación histórica de los colegios religiosos. Por eso el presidente de CONCAPA, Luis Carbonel, “agradece el esfuerzo ” del ministro y anuncia que estudiará la propuesta.

[Fuente: Hispanidad | Gabilondo ofrece 1.500 millones de euros adicionales en el plan de austeridad]

Hoy, seis meses después, leo en InfoCatólica:

Las patronales de la enseñanza concertada católica han hecho público su rechazo de la rebaja del módulo de conciertos prevista en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011. Aseguran que supone un incremento del déficit histórico y la asfixia económica de los centros, teniendo en cuenta que el concierto sólo cubre entre un 60% y un 70% del coste real de las plazas.

[Fuente: InfoCatolica | Rechazo de las patronales de la escuela concertada a la rebaja prevista por el Gobierno para 2011]

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A partir del presente curso escolar, Educación para la Ciudadanía en el País Vasco incluye contenidos específicos del llamado Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia.

Uno de los objetivos de esta educación contra la violencia es que los alumnos “sientan empatía hacia los que la sufren y no hacia los que la provocan”.

Con motivo de esta novedad, Profesionales por la Ética ha celebrado un encuentro con Mariano Bailly-Baillière Torres-Pardo, representante del movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía.

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